Actora

Yenny Lizbeth Abarca Toledano

Consejo Estatal

Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana

Constitución

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Instituto Electoral local o IMPEPAC

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana

Juicio ciudadano

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano

Juicio de revisión

Juicio de revisión constitucional electoral

Ley de Medios

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

Sala Regional

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal

Sentencia impugnada

Sentencia de catorce de octubre de dos mil quince, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en el juicio ciudadano local TEE/JDC/401/2015-2 y su acumulado TEE/JDC/402/2015-2.

Tribunal local o responsable

Tribunal Electoral del Estado de Morelos.

AGRAVIOS QUE SE HICIERON VALER EN EL JDC LOCAL

AGRAVIOS QUE SE HACEN VALER EN EL JDC FEDERAL

ÚNICO: Fuente de Agravio.- El acuerdo emitido por el Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC emitido el pasado 03 (tres) de septiembre de dos mil quince (2015) relativo a la asignación de regidores en el municipio de Yautepec, Morelos así como la entrega de las constancias respectivas.

Artículos Constitucionales y Legales Violados.- Artículos 1, 14, 16, 17, 41, 116 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 21 de la Declaración Universal de Derechos  Humanos; 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2 y 3 de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 1, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 3, 5, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer: y apartado 1 numeral i) del Consenso de Quioto, Los relativos de la Constitución Particular del Estado Libre y Soberano de Morelos, 5, 17, 18, 63, 164, y 180 del Código de Instituciones  y  Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.

Concepto de Agravio.- El Acuerdo impugnado viola los principios de legalidad, congruencia, seguridad jurídica, equidad, igualdad y debido proceso, aducido a la falta de motivación, establecidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 41 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 25 del Pacto Internacional de Derechos  Civiles  y  Políticos; 23 de la Convención  Americana  sobre Derechos Humanos, los relativos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 5, 17, 18 63, 164, y 180 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos bajo los siguientes razonamientos:

El artículo 1o Constitucional mandata que:

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

[...]"

Por otro lado el artículo 17 de nuestra Carta Magna establece:

"Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales."

En efecto, del precepto constitucional citado, se desprende el derecho fundamental de acceso a la tutela jurisdiccional, es decir, el acceso efectivo a la justicia impartida por el Estado Mexicano.

De lo anterior se desprende que las autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales, ya sea material o formalmente, tienen la obligación jurídica de impartir justicia conforme a los principios de: a) Justicia pronta; b) Justicia Completa; c) Justicia imparcial y; d) Justicia Gratuita.

De tal suerte, se observa a todas luces que la autoridad responsable no se ciñó a los principios de JUSTICIA COMPLETA E IMPARCIAL, y se ha conducido al margen de su deber jurídico de fundar y motivar sus resoluciones. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido en diversos casos contenciosos que, el deber de motivar las resoluciones es una de las "debidas garantías", vinculada con la correcta administración de justicia para salvaguardar el derecho a un DEBIDO PROCESO. También ha definido la MOTIVACIÓN como "La exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión" de tal manera que "protegiendo el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática".

Aunado a lo anterior, la Sala Superior en la resolución de Recurso de Apelación SUP-RAP-277/2015 y acumulados señaló que "la garantía del debido proceso, implica que en las resoluciones que emita la autoridad se debe cumplir con la exigencia de la congruencia interna y externa". En éste caso, en la resolución materia de la impugnación, el Consejo Electoral Estatal tenía la obligación de resolver apegado a las normas y principios previstos en la Ley General de Partidos Políticos, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente razonamiento jurisprudencial:

CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA.-  (La transcribe)

Derivado de lo anterior se desprenden dos factores importantes:

1.- Que de conformidad con el artículo 18 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, la asignación de regidurías se sujeta a las siguientes reglas:

"Artículo 18. La asignación de regidurías se sujetará a las siguientes reglas:

Se sumarán los votos de los partidos que hayan obtenido cuando menos el 1.5% del total de los sufragios emitidos en el municipio correspondiente; el resultado se 001 dividirá entre el número de regidurías por atribuir para obtener un factor porcentual simple de distribución, asignándose a cada partido, en riguroso orden decreciente, tantas regidurías como número de factores alcance hasta completar las regidurías previstas.

Si aplicado el factor de distribución quedan regidurías por atribuir, éstas se asignarán en orden decreciente, de acuerdo tanto con los mayores porcentajes de votación obtenidos por los partidos políticos restantes, como con los porcentajes excedentes de aquéllos que obtuvieron regidurías con la aplicación de dicho factor."

En virtud de lo anterior, el IMPEPAC procedió a realizar la asignación de las nueve regidurías por el principio de representación proporcional conforme a las siguientes fórmulas:

(…) (Las ilustra)

De lo anterior se desprende que se concedió una regiduría al Partido Acción Nacional en SEGUNDA ASIGNACIÓN, sin embargo el Tribunal Electoral del Estado de Morelos valoró que hubo una errónea integración del ayuntamiento, al no respetar LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PARIDAD.

Es necesario precisar a esta autoridad jurisdiccional que, la paridad de género en la integración del ayuntamiento, pretende restablecer la igualdad material entre los géneros en el ejercicio de los derechos político-electorales; es por ello, que a través de las políticas de cuotas, se pretende que la mujer estén en condiciones de integrar el ayuntamiento, es decir ser parte en la toma de decisiones del gobierno municipal.

Por lo anterior, el Estado Mexicano tiene la obligación de implementar acciones afirmativas que son: objeto y fin, destinatarias y, conductas exigibles, sirviendo de apoyo al anterior razonamiento los siguientes criterios jurisprudenciales:

ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES. (La transcribe).

PARIDAD DE GÉNERO. DEBE PRIVILEGIARSE EN LA INTEGRACIÓN DE AYUNTAMIENTOS (LEGISLACIÓN DE COAHUILA). (La transcribe).

CUOTA DE GÉNERO. DEBE TRASCENDER A LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (LEGISLACIÓN DE OAXACA). (La transcribe).

De lo anterior, se deduce que no se respetaron los principios de igualdad y equidad de género, ya que

no se ponderó armonizar la aplicación del orden de prelación de las listas de candidatos (debe regir de acuerdo al género de la candidatura que no fue posible asignar) registrada ante la autoridad administrativa electoral por el partido acción nacional con los principios de equidad, paridad y alternancia de género, así como con el derecho de igualdad de oportunidades previstas en los artículos 1o, 4o y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, 2 y 3 de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 1, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 3, 5, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; y apartado 1 numeral ii) del Consenso de Quioto.

Los relativos de la Constitución Particular del Estado Libre y Soberano de Morelos, 5, 17, 18, 63, 164, y 180 del Código de las Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.

En las candidaturas para miembros de ayuntamiento y atendiendo al principio de paridad de género, cada planilla que se registra, se integrara por propietario y suplente del mismo género. Con el objeto de garantizar la equidad de género, la lista alternará las fórmulas de distinto género hasta agotar la lista correspondiente, con lo cual se incrementa la posibilidad de que los representantes electos sean tanto hombres como mujeres y hace factible que exista mayor equilibrio entre ambos géneros.

2.- Por lo que respecta al ORDEN DE PRELACIÓN, si bien es cierto, que la asignación inicia con la fórmula que encabeza la lista, no menos es que debe de ajustarse a la paridad en la integración del ayuntamiento, es decir, al momento de asignar las regidurías por el principio de representación proporcional, además de aplicar el orden de prelación de la lista de candidatos registrados, debe de tomarse en cuenta el género que prosigue en la lista conforme a la alternancia, ya que de no hacerlo se asigna más a un género discriminando al otro.

De lo anterior, se desprende que el legislador pretendió establecer la paridad de género y lograr en mayor medida la alternancia individual y sucesiva de candidaturas de distinto género; la finalidad de ésta regla, es el equilibrio de los candidatos por el principio de representación proporcional y lograr la participación política efectiva de hombres y mujeres en un plano de igualdad sustantiva real y efectiva.

A todas luces, los principios de equidad, paridad y alternancia de género, nos llevan a la conclusión que la asignación de Regidurías debe de ser conforme al orden de prelación establecidos en las listas correspondientes pero conforme al principio de alternancia de género. Y en una interpretación extensiva y armónica de la ley electoral, si en una primera ronda de asignación no alcanzan votos los partidos políticos, los correspondientes a una segunda asignación, beneficiaría al segundo Regidor señalado en la lista de prelación, interpretando una igualdad de posibilidades para quienes se encuentran compitiendo para los cargos de elección popular.

En cambio, si los primeros lugares de las listas son ocupados por candidatos del mismo género, entonces, la posibilidad de que los candidatos del género opuesto alcancen un cargo de elección popular se reduce considerablemente.

En el caso que nos ocupa, en la PRIMER ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS EL PAN no consiguió ninguna por su escaso número de votación; en dicha ronda registró una fórmula de género masculino. Al existir regidurías pendientes por distribuir, se realizó una segunda asignación, otorgándose una de ellas al PAN; para la segunda asignación de regiduría el PAN registró una formula integrada por dos personas de género femenino, a quienes se les VULNERÓ UN DERECHO POLÍTICO-ELECTORAL al quitarles la asignación que se les realizó a través del acuerdo IMPEPAC/CEE/206/2015.

En virtud de lo anterior, la integración del ayuntamiento deberá armonizar la aplicación del orden de prelación de las listas de candidatos (debe regir de acuerdo al género de la candidatura que no fue posible asignar) registrada ante la autoridad administrativa electoral por el Partido Acción Nacional con los principios de equidad, paridad y alternancia de género, así como con el derecho de igualdad de oportunidades, de la siguiente manera:

ÚNICO: Fuente de Agravio.- La sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, emitido el pasado catorce (14) de octubre de dos mil quince (2015), que recayó al Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano relativo a la asignación de regidores en el municipio de Yautepec, Morelos así como la entrega de constancias respectivas.

Artículos Constitucionales y Legales Violados.- Artículos 1, 14, 16, 17, 41, 116 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2 y 3 de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 1, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 3, 5, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; y apartado 1 numeral i) del Consenso de Quioto, Los relativos de la Constitución Particular del Estado Libre y Soberano de Morelos, 5, 17, 18 63, 164, y 180 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.

Concepto de Agravio.- La sentencia impugnada viola los principios de Legalidad, Congruencia, Seguridad Jurídica, Equidad, Igualdad y Debido Proceso, debido a la falta de motivación, establecidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 41 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los relativos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 5, 17, 18 63, 164, y 180 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos bajo los siguientes razonamientos:

El artículo 1o Constitucional mandata que:

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

[...]"

Por otro lado el artículo 17 de nuestra Carta Magna establece:

"Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales."

En efecto, del precepto constitucional citado, se desprende el derecho fundamental de acceso a la tutela jurisdiccional, es decir, el acceso efectivo a la justicia impartida por el Estado Mexicano.

De lo anterior se desprende que las autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales, ya sea material o formalmente, tienen la obligación jurídica de impartir justicia conforme a los principios de: a) Justicia pronta; b) Justicia Completa; c) Justicia imparcial y; d) Justicia Gratuita.

De tal suerte, se observa a todas luces que la autoridad responsable no se ciñó a los principios de JUSTICIA COMPLETA E IMPARCIAL, y se ha conducido al margen de su deber jurídico de fundar y motivar sus resoluciones. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido en diversos casos contenciosos que, el deber de motivar las resoluciones es una de las "debidas garantías", vinculada con la correcta administración de justicia para salvaguardar el derecho a un DEBIDO PROCESO. También ha definido la MOTIVACIÓN como "La exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión" de tal manera que "protegiendo el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática".

Aunado a lo anterior, la Sala Superior en la resolución de Recurso de Apelación SUP-RAP-277/2015 y acumulados señaló que "la garantía del debido proceso, implica que en las resoluciones que emita la autoridad se debe cumplir con la exigencia de la congruencia interna y externa". En éste caso, en la resolución materia de la impugnación, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos tenía la obligación de resolver apegado a las normas y principios previstos en la Ley General de Partidos Políticos, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente razonamiento jurisprudencial:

CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA.- (La transcribe)

Derivado de lo anterior se desprenden dos factores importantes:

1.- Que de conformidad con el artículo 18 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, la asignación de regidurías se sujeta a las siguientes reglas:

"Artículo 18. La asignación de regidurías se sujetará a las siguientes reglas:

Se sumarán los votos de los partidos que hayan obtenido cuando menos el 1.5% del total de los sufragios emitidos en el municipio correspondiente; el resultado se 001 dividirá entre el número de regidurías por atribuir para obtener un factor porcentual simple de distribución, asignándose a cada partido, en riguroso orden decreciente, tantas regidurías como número de factores alcance hasta completar las regidurías previstas.

Si aplicado el factor de distribución quedan regidurías por atribuir, éstas se asignarán en orden decreciente, de acuerdo tanto con los mayores porcentajes de votación obtenidos por los partidos políticos restantes, como con los porcentajes excedentes de aquéllos que obtuvieron regidurías con la aplicación de dicho factor."

En virtud de lo anterior, el IMPEPAC procedió a realizar la asignación de las nueve regidurías por el principio de representación proporcional conforme a la siguiente fórmula:

(...) (Las ilustra)

De lo anterior se desprende que se concedió una regiduría al Partido Acción Nacional en SEGUNDA ASIGNACIÓN, sin embargo el Tribunal Electoral del Estado de Morelos valoró que hubo una errónea integración del ayuntamiento, al no respetar los principios de equidad y paridad.

Asimismo, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos no consideró que, la paridad de género en la integración del ayuntamiento, pretende restablecer la igualdad material entre los géneros en el ejercicio de los derechos político-electorales; es por ello, que a través de las políticas de cuotas, se pretende que la mujer estén en condiciones de integrar el ayuntamiento, es decir ser parte en la toma de decisiones del gobierno municipal.

Por lo anterior, el Estado Mexicano tiene la obligación de implementar acciones afirmativas que son: objeto y fin, destinatarias y, conductas exigibles, sirviendo de apoyo al anterior razonamiento los siguientes criterios jurisprudenciales:

ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES. (La transcribe).

PARIDAD DE GÉNERO. DEBE PRIVILEGIARSE EN LA INTEGRACIÓN DE AYUNTAMIENTOS (LEGISLACIÓN DE COAHUILA). (La transcribe).

CUOTA DE GÉNERO. DEBE TRASCENDER A LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (LEGISLACIÓN DE OAXACA). (La transcribe).

De lo anterior, se deduce que el Tribunal Electoral del Estado de Morelos no valoró, ni considero los argumentos de la actora, respecto a que no se respetaron los principios de igualdad y equidad de género, ya que

no se ponderó armonizar la aplicación del orden de prelación de las listas de candidatos (debe regir de acuerdo al género de la candidatura que no fue posible asignar) registrada ante la autoridad administrativa electoral por el Partido Acción Nacional con los principios de equidad, paridad y alternancia de género, así como con el derecho de igualdad de oportunidades previstas en los artículos 1o, 4o y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, 2 y 3 de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 1, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 3, 5, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; y apartado 1 numeral ii) del Consenso de Quioto.

Los relativos de la Constitución Particular del Estado Libre y Soberano de Morelos, 5, 17, 18, 63, 164, y 180 del Código de las Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.

En las candidaturas para miembros de ayuntamiento y atendiendo al principio de paridad de género, cada planilla que se registra, se integrara por propietario y suplente del mismo género. Con el objeto de garantizar la equidad de género, la lista alternará las fórmulas de distinto género hasta agotar la lista correspondiente, con lo cual se incrementa la posibilidad de que los representantes electos sean tanto hombres como mujeres y hace factible que exista mayor equilibrio entre ambos géneros.

2.- Por lo que respecta al ORDEN DE PRELACIÓN, si bien es cierto, que la asignación inicia con la fórmula que encabeza la lista, no menos es que debe de ajustarse a la paridad en la integración del ayuntamiento, es decir, al momento de asignar las regidurías por el principio de representación proporcional, además de aplicar el orden de prelación de la lista de candidatos registrados, debe de tomarse en cuenta el género que prosigue en la lista conforme a la alternancia, ya que de no hacerlo se asigna más a un género discriminando al otro.

De lo anterior, se desprende que el legislador pretendió establecer la paridad de género y lograr en mayor medida la alternancia individual y sucesiva de candidaturas de distinto género; la finalidad de ésta regla, es el equilibrio de los candidatos por el principio de representación proporcional y lograr la participación política efectiva de hombres y mujeres en un plano de igualdad sustantiva real y efectiva.

A todas luces, los principios de equidad, paridad y alternancia de género, nos llevan a la conclusión que la asignación de Regidurías debe de ser conforme al orden de prelación establecidos en las listas correspondientes pero conforme al principio de alternancia de género. Y en una interpretación extensiva y armónica de la ley electoral, si en una primera ronda de asignación no alcanzan votos los partidos políticos, los correspondientes a una segunda asignación, beneficiaría al segundo Regidor señalado en la lista de prelación, interpretando una igualdad de posibilidades para quienes se encuentran compitiendo para los cargos de elección popular.

En cambio, si los primeros lugares de las listas son ocupados por candidatos del mismo género, entonces, la posibilidad de que los candidatos del género opuesto alcancen un cargo de elección popular se reduce considerablemente.

En el caso que nos ocupa, en la PRIMER ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS EL PAN no consiguió ninguna por su escaso número de votación; en dicha ronda registró una fórmula de género masculino. Al existir regidurías pendientes por distribuir, se realizó una segunda asignación, otorgándose una de ellas al PAN; para la segunda asignación de regiduría el PAN registró una formula integrada por dos personas de género femenino, a quienes se les VULNERÓ UN DERECHO POLÍTICO-ELECTORAL al quitarles la asignación que se les realizó a través del acuerdo IMPEPAC/CEE/206/2015, situación que no fue analizada ni valorada por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos.

En virtud de lo anterior, la integración del ayuntamiento deberá armonizar la aplicación del orden de prelación de las listas de candidatos (debe regir de acuerdo al género de la candidatura que no fue posible asignar) registrada ante la autoridad administrativa electoral por el Partido Acción Nacional con los principios de equidad, paridad y alternancia de género, así como con el derecho de igualdad de oportunidades, de la siguiente manera:

LISTA DE REGIDORES REGISTRADA POR EL PAN

ASIGNACIONES REALIZADAS POR EL IMPEPAC

LISTA DE REGIDORES REGISTRADA POR EL PAN

ASIGNACIONES REALIZADAS POR EL IMPEPAC

Salvador Jiménez Domínguez

José Marino Pinzón Mancera

1er Regidor Propietario

1er Regidor Suplente

Derivado de la Primer Asignación de Regidurías no les correspondió ninguna, por no ser favorable el número de votos a su favor.

Salvador Jiménez Domínguez

José Marino Pinzón Mancera

1er Regidor Propietario

1er Regidor Suplente

Derivado de la Primer Asignación de Regidurías no les correspondió ninguna, por no ser favorable el número de votos a su favor.

Yenny Lizbeth Abarca Toledano

Velia Sánchez Pineda

2da Regidor Propietario

2da Regidor Suplente

Al quedar pendientes 4 regidurías por distribuir, derivado del remanente de votos y el PAN alcanzó una regiduría en la Segunda Asignación. La cual por orden de PRELACIÓN Y DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD, PARIDAD Y ALTERNANCIA DE GENERO, LE CORRESPONDE A LA FORMULA ASIGNADA PARA LA SEGUNDA REGIDURÍA.

Yenny Lizbeth Abarca Toledano

Velia Sánchez Pineda

2da Regidor Propietario

2da Regidor Suplente

Al quedar pendientes 4 regidurías por distribuir, derivado del remanente de votos y el PAN alcanzó una regiduría en la Segunda Asignación. La cual por orden de PRELACIÓN Y DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD, PARIDAD Y ALTERNANCIA DE GENERO, LE CORRESPONDE A LA FORMULA ASIGNADA PARA LA SEGUNDA REGIDURÍA

Con ello se evidencia que la paridad de género exigida por la normativa electoral local se logra en mayor medida a través de la alternancia individual y sucesiva de candidaturas de distinto género.

CONCLUSIONES

DEL ACUERDO IMPUGNADO SE OBSERVA A TODAS LUCES QUE:

no es razonable ni objetivo, en virtud de que genera condiciones de desigualdad y es discriminatorio de la mujer, y se veta en la oportunidad de acceder a los cargos de elección popular como he señalado con anterioridad. En el presente asunto atendiendo a las rondas de asignación y a la prelación de candidatos.

El orden de prelación de las listas no puede modificarse y debe respetarse al tratarse de listas cerradas que tienen un orden de prelación, es decir, la asignación o repartición de regidurías a los partidos políticos que compiten en la elección de referencia se deben sujetar a la normatividad vigente, y desde luego, atendiendo a las rondas de asignación considerar la prelación de candidatos según lugar que ocupen.

Agravia el actuar de la responsable por los razonamientos lógico-jurídicos utilizados en la asignación de las Regidurías, al fundar y motivar en base a consideraciones jurídicas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de una sentencia que no vincula ni supedita para hacer una ASIGNACIÓN de Regidurías a los partidos políticos con derecho a ello al amparo de ésta. Puesto que el tema regidurías con el tema de diputados plurinominales son materialmente y legalmente distintos y obedecen a una lógica jurídica diferente en cada caso y a una litis diferente entre el primero y el segundo de los casos comentados.

Con lo anterior, se VIOLÓ EL DEBIDO PROCESO, por lo que es necesario dictar una nueva sentencia que ordene al IMPEPAC emitir un acuerdo que contemple los argumentos vertidos en el presente escrito.

Por otro lado, se observa a todas luces que la autoridad responsable no se ciñó a los principios de JUSTICIA COMPLETA E IMPARCIAL, y se ha conducido al margen de su deber jurídico de fundar y motivar sus resoluciones.

APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS RECTORES EN MATERIA ELECTORAL

De conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 30 numeral 2, 35; y 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, todas las autoridades electorales y jurisdiccionales deben de aplicar los principios rectores en la materia, por lo tanto se solicita a ésta autoridad jurisdiccional que actué bajo los principios rectores en la materia; sirve de apoyo el siguiente criterio jurisprudencial:

FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. (La transcribe).

Con ello se evidencia que la paridad de género exigida por la normativa electoral local se logra en mayor medida a través de la alternancia individual y sucesiva de candidaturas de distinto género.

CONCLUSIONES

EL Tribunal Electoral del Estado de Morelos, NO CONSIDERÓ NI VALORÓ que el acuerdo dictado por el IMPEPAC

no es razonable ni objetivo, en virtud de que genera condiciones de desigualdad y es discriminatorio de la mujer, y se veta en la oportunidad de acceder a los cargos de elección popular como he señalado con anterioridad. En el presente asunto atendiendo a las rondas de asignación y a la prelación de candidatos.

Asimismo, la Autoridad Jurisdiccional responsable NO consideró los argumentos de la actora, en cuanto a que,

el orden de prelación de las listas no puede modificarse y debe respetarse al tratarse de listas cerradas que tienen un orden de prelación, es decir, la asignación o repartición de regidurías a los partidos políticos que compiten en la elección de referencia se deben sujetar a la normatividad vigente, y desde luego, atendiendo a las rondas de asignación considerar la prelación de candidatos según lugar que ocupen.

Agravia el actuar de la responsable por los razonamientos lógico-jurídicos utilizados en la asignación de las Regidurías, al fundar y motivar en base a consideraciones jurídicas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de una sentencia que no vincula ni supedita para hacer una ASIGNACIÓN de Regidurías a los partidos políticos con derecho a ello al amparo de ésta. Puesto que el tema regidurías con el tema de diputados plurinominales son materialmente y legalmente distintos y obedecen a una lógica jurídica diferente en cada caso y a una litis diferente entre el primero y el segundo de los casos comentados.

Con lo anterior, se VIOLÓ EL DEBIDO PROCESO, por lo que es necesario dictar una nueva sentencia que ordene al IMPEPAC emitir un acuerdo que contemple los argumentos vertidos en el presente escrito.

Por otro lado, se observa a todas luces que la autoridad responsable no se ciñó a los principios de JUSTICIA COMPLETA E IMPARCIAL, y se ha conducido al margen de su deber jurídico de fundar y motivar sus resoluciones.

APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS RECTORES EN MATERIA ELECTORAL

De conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 30 numeral 2, 35; y 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, todas las autoridades electorales y jurisdiccionales deben de aplicar los principios rectores en la materia, por lo tanto se solicita a ésta autoridad jurisdiccional que actué bajo los principios rectores en la materia; sirve de apoyo el siguiente criterio jurisprudencial:

FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. (La transcribe).

MAGISTRADA PRESIDENTA

JANINE M. OTÁLORA MALASSIS

MAGISTRADO

ARMANDO I. MAITRET HERNÁNDEZ

MAGISTRADO

HÉCTOR ROMERO

BOLAÑOS

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

CARLA RODRÍGUEZ PADRÓN